Durante los últimos meses, hemos trabajado en la actualización de la Hoja de Ruta Nacional de la Década Digital 2030 compartiendo nuestras propuestas sobre la necesidad de situar a las personas en el centro de las políticas digitales, garantizar que nadie quede atrás y reconocer papel fundamental que desempeñamos las entidades sociales en la reducción de las brechas digitales.

El proceso se  ha realizado a través una consulta pública lanzada por el Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública para recoger aportaciones que contribuyan a definir las prioridades de la transformación digital de España hasta 2030, en línea con las recomendaciones de la Comisión Europea.

Con esta actuación reforzamos nuestro compromiso con una digitalización inclusiva, accesible y centrada en los derechos de las personas, trasladando a las políticas públicas la experiencia y el conocimiento de las entidades que forman parte de la plataforma y que trabajan directamente con colectivos en situación de vulnerabilidad digital.

Cuatro prioridades para una transformación digital

Entre las aportaciones, destacamos la necesidad de impulsar programas de capacitación digital orientados a la vida cotidiana, mejorar las oportunidades de empleo, facilitar la participación ciudadana y garantizar el acceso a derechos

Asimismo, defendemos el desarrollo de una inteligencia artificial ética, transparente y libre de sesgos, que no reproduzca desigualdades sociales.

Otra de las prioridades aportadas ha sido garantizar la accesibilidad universal de los servicios digitales, prestando especial atención a las barreras que encuentran las personas mayores, las personas con discapacidad y aquellas con bajos niveles de alfabetización digital.

Por último, señalamos que se debe garantizar una inclusión digital universal, que asegure el acceso a dispositivos tecnológicos, conectividad y competencias digitales básicas, para toda la ciudadanía

Propuestas para reforzar el papel del Tercer Sector y garantizar los derechos digitales

Junto con estas prioridades, hemos presentado propuestas concretas para contribuir a una transformación digital más equitativa y participativa.

  • Reconocimiento del Tercer Sector como agente clave en la reducción de las brechas digitales. Nuestra cercanía con la ciudadanía nos permite u mayor conocimiento de las distintas realidades sociales deben tenerse en cuenta en el diseño y desarrollo de las políticas públicas.
  • Incorporar de forma obligatoria criterios de accesibilidad universal, lectura fácil y lenguaje claro en todos los servicios públicos digitales de la Administración.
  • Mantener canales de atención presenciales y telefónicos como alternativas a los servicios digitales para garantizar el acceso a derechos de todas las personas.
  • Favorecer espacios de participación y cocreación de políticas públicas de transformación digital, en los que entidades sociales, ciudadanía y administraciones puedan colaborar.

 Las aportaciones recibidas serán tomadas en consideración en la elaboración del documento final, que se remitirá a la Comisión Europea para el diseño y la implementación de medidas orientadas a alcanzar las metas y los objetivos establecidos para 2030.